En los últimos días, las regiones de Ñuble y Biobío enfrentan una de las crisis de incendios forestales más graves de los últimos años, múltiples focos activos han arrasado decenas de miles de hectáreas, obligando a evacuar a decenas de miles de residentes y destruyendo cientos de viviendas y comunidades enteras como Penco, Lirquén y Punta de Parra, donde gran parte del tejido urbano ha sido consumido por las llamas.
Chile es un país que convive con la emergencia. Terremotos, tsunamis, incendios forestales, erupciones volcánicas, aluviones y eventos climáticos extremos no son excepciones, son parte estructural de nuestra realidad territorial. Esa condición, muchas veces dramática, obligó al país a aprender, a veces tarde y a un costo humano enorme, que las telecomunicaciones no son solo un servicio comercial son una herramienta de protección civil y de salvamento de vidas.
En la práctica, las principales causas de la caída de los servicios de telecomunicaciones durante emergencias no están en las redes móviles propiamente tal, sino en factores exógenos que se repiten una y otra vez como la caída de las líneas de transmisión eléctrica, la afectación de los sistemas de respaldo energético, grupos electrógenos, bancos de baterías o suministro de combustible; y el daño directo a componentes críticos de los sitios de telecomunicaciones, como radios, antenas, feeders o equipamiento activo de las torres. Estos eventos dejan en evidencia una debilidad estructural y es la absoluta falta de complementariedad y voluntad del sistema eléctrico hacia las otras industrias incluido el sistema de telecomunicaciones, que siguen planificándose, regulándose y operando como mundos separados, pese a que en la emergencia uno no sobrevive sin el otro. Mientras no exista una mirada integrada desde el mundo de la energía, seguiremos enfrentando cortes evitables que no son fallas tecnológicas, sino fallas de coordinación y de diseño institucional.
Sin embargo, en ese aprendizaje forzado, Chile ha avanzado más de lo que suele reconocerse. Durante la última década se introdujeron nuevos estándares de calidad de servicio para las redes móviles, se mejoró el rendimiento de redes desagregadas y se aumentó significativamente la capacidad de transmisión de mensajes de texto SMS, un elemento que, aunque pueda parecer menor en tiempos de datos y redes sociales, resulta crítico en contextos de congestión o colapso de las redes.
A la par, con el objetivo de asegurar la recuperación y continuidad del sistema público de telecomunicaciones en condiciones críticas, el país desplegó un plan de resguardo de la infraestructura crítica de telecomunicaciones. Más de 9.000 sitios fueron clasificados en Nivel 1 y Nivel 2, priorizando su mantención, asegurando y aumentando la autonomía energética, disponibilidad de combustible y continuidad operativa durante varias horas continuas frente a cortes eléctricos generalizados o catástrofes de gran escala. No fue solo una mejora técnica: fue una definición estratégica.
Un hito clave se produjo el sábado 23 de septiembre de 2018, cuando entró en vigor el reglamento Multibanda y del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE). Desde ese momento, todos los teléfonos móviles comercializados en Chile deben estar homologados para recibir mensajes SAE, aquellos avisos inconfundibles –pop ups, sonidos y vibraciones- que alertan a la población frente a riesgos que pueden poner en peligro la vida: tsunamis, aludes, erupciones volcánicas, sismos, incendios forestales u otras emergencias, naturales o no.
Este sistema, operado entonces por Senapred, posicionó a Chile como referente regional en el uso del Cell Broadcast, una tecnología que permite enviar alertas masivas sin congestionar las redes, sin necesidad de inscripción previa y sin depender de aplicaciones ni de datos móviles. A ello se sumó la exigencia de que los teléfonos funcionen en todas las bandas de frecuencia disponibles y estén desbloqueados para operar con cualquier compañía, fortaleciendo la interoperabilidad y la resiliencia del sistema.
A este entramado de avances se suma el Roaming Automático Nacional de Emergencia (RAN), una herramienta clave pero poco conocida por la ciudadanía, que permite que, ante una emergencia, los teléfonos móviles puedan conectarse automáticamente a cualquier red disponible, incluso si no corresponde a su operador habitual. En la práctica, esto significa que si la red de una compañía colapsa, resulta dañada o queda fuera de servicio por incendios, terremotos o cortes eléctricos, los usuarios pueden seguir comunicándose utilizando la infraestructura de otro operador presente en la zona. El RAN transforma la competencia en cooperación obligatoria en situaciones críticas, refuerza la continuidad de las comunicaciones y consolida la idea de que, en emergencias, las redes móviles operan como una sola red país, al servicio de la protección de la vida y la seguridad de las personas.
En paralelo, también se perfeccionó la institucionalidad. Se formalizó la Coordinación en Situaciones de Emergencia, se estructuró el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) a nivel nacional y regional, y se clarificaron los roles de las autoridades responsables de la gestión de la emergencia. En este ámbito, Chile pasó de la improvisación a los protocolos.
Desde el punto de vista regulatorio, se permitió además la entrada de nuevos actores al ecosistema, los operadores de infraestructura de telecomunicaciones, abriendo el mercado e introduciendo una lógica distinta a la industria tradicional. La separación por capas, infraestructura por un lado, servicios por otro, permitió mayor eficiencia, inversión y resiliencia, un aspecto clave cuando se trata de continuidad operativa en contextos críticos.
Los cambios no se limitaron al mundo móvil. La radiodifusión sonora también fue adaptada, permitiendo la operación de estaciones adicionales durante emergencias y habilitando plataformas electrónicas para radioaficionados, actores históricamente relevantes cuando las redes convencionales fallan. En contraste, el Estado con la Televisión Digital Terrestre aún mantiene una deuda: la implementación masiva del sistema de alerta que contempla la norma ISDB-T que sigue esperando.
Con todo, y pese a estos avances, Chile aún no logra consolidar un sistema único e integrado de comunicaciones para situaciones de emergencia. Hoy el país no cuenta con una red de banda ancha con estándar de misión crítica, capaz de integrar de forma robusta, interoperable y continua a todos los organismos que gestionan la emergencia. El sistema actual funciona de manera fragmentada, apoyándose en redes comerciales que, aunque resilientes, no fueron diseñadas para operar bajo condiciones extremas prolongadas.
La experiencia internacional es clara. Existen distintos modelos, redes totalmente dedicadas del Estado, esquemas mixtos con participación privada pero gobernanza pública, o soluciones híbridas. Pero todas comparten elementos comunes: plataformas multiservicio, atención y respuesta 24/7, tráfico garantizado para organismos e instituciones que participan en la emergencia, redes distribuidas de alta disponibilidad, capacidad de voz, video y datos de banda ancha, despliegue rápido en todas las regiones y tecnologías con estándares abiertos y cobertura garantizada al menos a nivel comunal.
La conclusión es incómoda, pero necesaria, el Estado no puede depender exclusivamente de redes privadas para gestionar sus comunicaciones en emergencias. Las catástrofes suelen afectar territorios aislados, rurales, con difícil acceso, donde la infraestructura se daña, se pierde la energía, se cortan cables o simplemente no existe cobertura suficiente. Justamente allí es donde más se necesita comunicar.
Chile avanzó. Aprendió. Mejoró. La infraestructura crítica de telecomunicaciones es hoy una prioridad y la institucionalidad es más sólida que antes. Pero la pregunta estratégica sigue abierta, y ya no admite más postergaciones: ¿Queremos o no una red nacional de comunicaciones de emergencia, diseñada para soportar y gestionar las crisis del siglo XXI? La respuesta cada verano parece obvia.
